Dimisión de Carmen Montón por irregularidades en su máster
La ministra de Sanidad dimitió apenas cuatro meses después de tomar posesión, tras conocerse irregularidades en el máster que cursó en la Universidad Rey Juan Carlos.
Decisiones de poder, crisis institucionales y casos bajo escrutinio público.
Una cronología documental de polémicas, crisis, pactos, reformas y casos de corrupción durante sus gobiernos.
Los diez casos de mayor impacto institucional, penal, social o mediático, puntuados de 1 a 10. Pasa el cursor —o toca en móvil— para ver un extracto. Más abajo, la cronología completa año a año.
Cada expediente distingue entre hechos confirmados, investigaciones judiciales en curso, acusaciones políticas y decisiones de Gobierno. Pulsa «Ver dossier y fuentes» para la ficha completa.
La ministra de Sanidad dimitió apenas cuatro meses después de tomar posesión, tras conocerse irregularidades en el máster que cursó en la Universidad Rey Juan Carlos.
El ministro de Cultura dimitió apenas seis días después de tomar posesión, al conocerse que había sido sancionado por Hacienda por un fraude fiscal de más de 200.000 euros.
El entonces ministro José Luis Ábalos se reunió de madrugada en el aeropuerto de Barajas con la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez, sancionada por la Unión Europea.
El Tribunal Constitucional declaró inconstitucionales, en dos sentencias distintas, aspectos centrales de los estados de alarma decretados para gestionar la pandemia.
Entre 8.000 y 10.000 personas entraron en Ceuta en apenas dos días tras la relajación deliberada de los controles fronterizos marroquíes, en represalia diplomática.
El Gobierno concedió el indulto a los nueve líderes independentistas catalanes condenados por el Tribunal Supremo en 2019 por sedición y otros delitos.
El Congreso aprobó, con apoyo de los socios independentistas, la eliminación del delito de sedición y la rebaja de las penas de malversación sin ánimo de lucro.
El Ministerio de Justicia tramitó, con el Gobierno en funciones, las solicitudes de indulto de varios excargos del PSOE andaluz condenados por el caso ERE, entre ellos Manuel Chaves y José Antonio Griñán. La medida contrasta con las declaraciones previas de Pedro Sánchez contra los indultos entre políticos.
El entonces diputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo, conocido como «Tito Berni», fue investigado por una presunta trama de cobro de comisiones a empresarios a cambio de gestiones. Dimitió como diputado y fue expulsado del PSOE en febrero de 2023.
La ley de garantía integral de la libertad sexual provocó, de forma no prevista, más de mil rebajas de condena y más de un centenar de excarcelaciones de agresores sexuales.
El Congreso aprobó la autodeterminación registral del género a partir de los 16 años sin necesidad de informe médico ni tratamiento hormonal previo.
El rescate público de 53 millones de euros a la aerolínea Plus Ultra durante la pandemia fue investigado y archivado en 2023. En 2026 la Audiencia Nacional reabrió líneas de investigación sobre el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, entre ellas una pieza separada sobre el origen de joyas incautadas en su despacho.
El Congreso aprobó la amnistía de los delitos vinculados al procés independentista, incluida la malversación, tras un acuerdo de investidura con Junts y ERC.
El extesorero de confianza Koldo García y el exministro José Luis Ábalos fueron condenados por el Tribunal Supremo a 19 y 24 años de prisión por comisiones ilegales en contratos de mascarillas.
El juez de la Audiencia Nacional imputó a la directora general de la Guardia Civil y al director adjunto operativo dentro de la investigación del caso Leire Díez. Se examinan presuntos delitos de prevaricación y obstrucción a la justicia, a partir de la tesis de que determinadas investigaciones internas habrían podido servir como mecanismo de presión sobre los agentes de la UCO que instruían causas sensibles para el PSOE y el entorno del presidente.
La investigación judicial del caso Koldo incorporó las gestiones de José Luis Ábalos y Koldo García en torno al rescate público de 475 millones de euros a Air Europa en 2020. El juez delimitó el objeto de la investigación a esas gestiones concretas, sin considerar acreditados indicios contra la decisión de rescatar a la aerolínea.
El Gobierno aprobó por real decreto-ley una reforma del régimen de gobierno de RTVE que amplió su Consejo de Administración de 10 a 15 miembros y permitió elegirlos por mayoría absoluta si fracasaba una primera votación por dos tercios. La oposición la calificó de «asalto a las instituciones»; el Ejecutivo defendió que desbloqueaba una renovación paralizada.
El Juzgado de Instrucción nº 41 de Madrid procesó a Begoña Gómez por presuntos delitos de tráfico de influencias, malversación, corrupción en los negocios y apropiación indebida.
El Tribunal Supremo condenó al Fiscal General del Estado, nombrado por Pedro Sánchez, por un delito de revelación de secretos. Fue la primera condena a un Fiscal General en ejercicio en democracia.
La causa principal investiga una presunta trama de fraude fiscal en el sector de los hidrocarburos. Su relevancia para esta cronología es que Víctor de Aldama, figura central del expediente, aparece también conectado con el caso Koldo y ha realizado ante el juez afirmaciones sobre una presunta financiación irregular. Esas manifestaciones, por sí solas, no acreditan responsabilidad del Gobierno, del PSOE ni de Pedro Sánchez.
David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, fue juzgado por su contratación como personal de alta dirección en la Diputación de Badajoz. En julio de 2026 fue condenado en primera instancia a nueve años de inhabilitación por un delito de prevaricación; la sentencia puede ser recurrida.
La revelación de que se había espiado con el programa Pegasus a decenas de personas vinculadas al independentismo catalán provocó una crisis con los socios parlamentarios y el cese de la directora del CNI, Paz Esteban, tras admitir ante el Congreso intervenciones autorizadas judicialmente.
El Gobierno reveló en mayo de 2022 que el teléfono de Pedro Sánchez había sido infectado con el spyware Pegasus en al menos dos ocasiones durante 2021, extrayendo más de 2,6 gigabytes de datos. Las infecciones coincidieron con la crisis diplomática con Marruecos por la hospitalización de Brahim Ghali y con la crisis migratoria de Ceuta, lo que llevó al Gobierno a atribuir el ataque a «actores externos» en alusión implícita a Rabat.
El 22 de marzo de 2022 Pedro Sánchez envió una carta personal al rey Mohamed VI apoyando el plan de autonomía marroquí para el Sáhara Occidental, rompiendo 46 años de neutralidad española. La decisión se adoptó sin consulta parlamentaria ni aviso a Argelia, desencadenó una grave crisis energética y diplomática con Argelia, y coincide temporalmente con la crisis de Ceuta y el hackeo del teléfono de Sánchez con Pegasus, lo que llevó a amplios sectores a interpretarla como una capitulación ante la presión marroquí.
Un colapso del sistema eléctrico dejó sin suministro a más de 50 millones de personas en la península ibérica durante varias horas, con explicaciones oficiales tardías.
La Audiencia Nacional investiga una presunta trama, en la que figura la exmilitante socialista Leire Díez, orientada a desacreditar a la UCO y a la Fiscalía Anticorrupción e interferir en procedimientos judiciales que afectaban al PSOE, al Gobierno y al entorno de Pedro Sánchez. Entre los investigados figuran también Santos Cerdán y el exdirigente andaluz Gaspar Zarrías. Las derivadas sobre la SEPI y sobre las presuntas presiones a la Guardia Civil tienen ficha propia.
Una derivada del caso Leire Díez examina en la Audiencia Nacional una presunta estructura de intermediación e influencia sobre operaciones de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales. Según los informes atribuidos a la UCO y recogidos por la prensa, las diligencias analizan cinco operaciones realizadas entre 2021 y 2023, por un importe conjunto en torno a los 132,9 millones de euros, y presuntas comisiones de unos 750.614 euros.
Santos Cerdán, secretario de Organización del PSOE y hombre de confianza de Pedro Sánchez, ingresó en prisión preventiva por su presunta implicación en comisiones ilegales.
Distintas diligencias han situado bajo escrutinio pagos, contratos y documentación relacionados con el PSOE. Una parte sustancial de las afirmaciones sobre una supuesta financiación irregular procede de las declaraciones de Víctor de Aldama, investigado en otras causas, por lo que deben atribuirse expresamente a él y no presentarse como hechos probados.
Familia, colaboradores, partido e instituciones: causas, condenas e investigaciones vinculadas a su círculo político. Esta sección diferencia entre condenas firmes, procesos judiciales abiertos, investigaciones y responsabilidades estrictamente políticas. Pedro Sánchez no figura como investigado en estas causas, salvo que una fuente judicial indique lo contrario; su presencia aquí responde a la proximidad familiar, orgánica, institucional o política de las personas incluidas.
La acumulación de causas alrededor de familiares, colaboradores, dirigentes socialistas, altos cargos e instituciones vinculadas al entorno político de Pedro Sánchez se convirtió en uno de los principales factores de desgaste de su Gobierno. Esta sección no sostiene que el presidente sea penalmente responsable de los actos investigados o juzgados de terceros. Documenta, en cambio, la cercanía objetiva de esas personas al poder político, el estado procesal de cada caso y el impacto institucional y político de las resoluciones conocidas.
El criterio es estricto: las condenas firmes se identifican como tales; las investigaciones y los procesos pendientes incluyen un aviso explícito de presunción de inocencia; y las relaciones personales o políticas no se presentan como prueba de responsabilidad penal.
Entre 2021 y 2022, tres episodios documentados se encadenan en una secuencia de presión, vulnerabilidad y concesión que cambió la política exterior española en 46 años. España pasó de neutral en el Sáhara a aliada de Marruecos —el mismo país que semanas antes había «abierto el grifo» migratorio en Ceuta y, según el Gobierno, hackeado el teléfono del presidente. Pulsa cada tarjeta para ver el dossier completo.
Esta sección reúne decisiones de Gobierno, acuerdos parlamentarios y reformas legislativas vinculadas al independentismo catalán. Es una cronología política e institucional: no atribuye delitos donde no existe causa judicial, sino que documenta las medidas que permitieron la continuidad parlamentaria del Ejecutivo y sus efectos normativos, penales, administrativos y competenciales.
El enfoque es crítico con la gestión política de Pedro Sánchez, pero se apoya exclusivamente en hechos verificables, resoluciones judiciales y citas identificables.
Se incluyen episodios con presencia sostenida en medios generalistas, impacto institucional demostrable, relevancia penal o repercusión política mayor.
Cada caso recibe una puntuación de 1 a 10 según impacto institucional, personas afectadas, relevancia penal y repercusión mediática y política.
Cada ficha indica explícitamente si se trata de un hecho confirmado, una sentencia firme, una investigación en curso o una decisión política, para no confundir imputación con condena.
Se prioriza prensa generalista y digital española, medios internacionales y fuentes oficiales: BOE, sentencias del Supremo y el Constitucional, y datos del CGPJ.
Este es un proyecto documental independiente y sin ánimo de lucro que reúne, con fecha, fuente y enlace, los principales episodios de controversia política, institucional y judicial de los gobiernos de Pedro Sánchez (2018–presente).
Independencia editorial. No está vinculado a ningún partido, medio u organización. Las valoraciones críticas se formulan sobre hechos publicados y resoluciones oficiales, evitando insultos o lenguaje vulgar.
Proyecto vivo. La estructura de datos está pensada para ampliarse: cada caso es un objeto independiente en el código fuente, listo para sumar nuevos años y expedientes.
Presunción de inocencia. En los casos judicializados sin sentencia firme se recoge el estado procesal tal y como lo informan fuentes verificables, sin prejuzgar su resultado.
Cada recorte enlaza a la fuente original. Las referencias oficiales —BOE, CGPJ, Tribunal Supremo, La Moncloa— están señaladas como «Fuente oficial».
Las fotografías institucionales proceden de Wikimedia Commons y llevan enlace a la ficha original para verificar autoría y licencia antes de cualquier uso comercial. Donde no existía una fotografía documental verificable del hecho concreto, se usa una imagen de contexto institucional —claramente indicada— en lugar de una imagen no verificada.