Dimisión de Carmen Montón por irregularidades en su máster
La ministra de Sanidad dimitió apenas cuatro meses después de tomar posesión, tras conocerse irregularidades en el máster que cursó en la Universidad Rey Juan Carlos.
Decisiones de poder, crisis institucionales y casos bajo escrutinio público.
Una cronología documental de polémicas, crisis, pactos, reformas y casos de corrupción durante sus gobiernos.
Los diez casos de mayor impacto institucional, penal, social o mediático, puntuados de 1 a 10. Toca cualquiera para abrir su dossier con las fuentes. Más abajo, la cronología completa año a año.
Cada expediente distingue entre hechos confirmados, investigaciones judiciales en curso, acusaciones políticas y decisiones de Gobierno. Pulsa «Ver dossier y fuentes» para la ficha completa.
La ministra de Sanidad dimitió apenas cuatro meses después de tomar posesión, tras conocerse irregularidades en el máster que cursó en la Universidad Rey Juan Carlos.
El ministro de Cultura dimitió apenas seis días después de tomar posesión, al conocerse que había sido sancionado por Hacienda por un fraude fiscal de más de 200.000 euros.
La CNMV multó con 30.000 euros al ministro de Asuntos Exteriores por una infracción muy grave: en 2015, siendo consejero de Abengoa, ordenó vender acciones de una persona de su entorno disponiendo de información relevante no publicada. Borrell discrepó, pero no recurrió y siguió en el Gobierno.
En septiembre de 2018 se difundieron grabaciones de una comida de 2009 entre Dolores Delgado, entonces fiscal, el comisario Villarejo y el exjuez Garzón. La ya ministra de Justicia fue reprobada en el Senado, rechazó dimitir y el Gobierno la respaldó.
En plena polémica por los másteres, se cuestionó la tesis doctoral de Pedro Sánchez. La publicó tras pasarla por programas antiplagio, la universidad confirmó la normalidad del proceso y el Supremo inadmitió la querella de Vox. Sí reconoció un «fallo» en el libro derivado de la tesis, que reproducía sin cita párrafos de un diplomático.
En agosto de 2018 la Policía entregó a Marruecos, en menos de un día, a las personas que acababan de saltar la valla de Ceuta, y en octubre a 55 de las que entraron en Melilla. El Defensor del Pueblo revisó los expedientes: se cumplieron las garantías formales, pero no consta que los afectados supieran que iban a Marruecos ni que entendieran cómo pedir asilo.
La Junta Electoral Central multó a Pedro Sánchez por conceder una entrevista televisiva desde el Palacio de la Moncloa durante la campaña del 10 de noviembre de 2019 y difundirla en la web de Presidencia.
El Tribunal Supremo investiga a Alfonso Carlos Moscoso, senador y alcalde de Villaluenga del Rosario, por proponer como jueza de paz de su municipio a su esposa, afiliada al PSOE.
La Junta Electoral sancionó a Pedro Sánchez en dos ocasiones más por aprovechar actos institucionales en periodo electoral: la rueda de prensa del Consejo Europeo de 2023 y el balance de fin de año de 2025.
El entonces ministro José Luis Ábalos se reunió de madrugada en el aeropuerto de Barajas con la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez, sancionada por la Unión Europea.
El Tribunal Constitucional declaró inconstitucionales, en dos sentencias distintas, aspectos centrales de los estados de alarma decretados para gestionar la pandemia.
En enero de 2020 el Gobierno propuso como fiscal general a Dolores Delgado, que acababa de dejar el Ministerio de Justicia. El CGPJ avaló por 12 votos a 7 que cumplía los requisitos, sin pronunciarse sobre su idoneidad. El Supremo desestimó los recursos de PP y Vox porque los partidos no estaban legitimados para impugnarlo.
En plena primera ola, Sanidad compró por emergencia 659.000 test rápidos del fabricante chino Bioeasy a través de la distribuidora Interpharma, por 17,14 millones. No alcanzaron la sensibilidad exigida: el pedido se canceló y el proveedor devolvió los casi siete millones adelantados.
Interior cesó en mayo de 2020 al jefe de la Guardia Civil en Madrid después de que su unidad de Policía Judicial entregara a una jueza un informe reservado sobre el 8M. El Supremo anuló el cese en 2023 por una motivación «confusa» y contraria a la función de la Policía Judicial, y Marlaska tuvo que restituirlo.
Entre 8.000 y 10.000 personas entraron en Ceuta en apenas dos días tras la relajación deliberada de los controles fronterizos marroquíes, en represalia diplomática.
A mediados de agosto de 2021, la Delegación del Gobierno y el Gobierno de Ceuta devolvieron a Marruecos a 55 de los menores llegados en la entrada masiva de mayo, sin expediente individual. El Supremo declaró ilegales esas devoluciones, y en 2025 la exdelegada del Gobierno y la exvicepresidenta ceutí fueron condenadas en primera instancia por prevaricación.
El Gobierno concedió el indulto a los nueve líderes independentistas catalanes condenados por el Tribunal Supremo en 2019 por sedición y otros delitos.
El Congreso aprobó, con apoyo de los socios independentistas, la eliminación del delito de sedición y la rebaja de las penas de malversación sin ánimo de lucro.
El presidente del INE, Juan Manuel Rodríguez Poo, dimitió en junio de 2022 tras reiteradas críticas de altos cargos del Gobierno a sus cifras de PIB e inflación. Economía habló de motivos personales y Calviño negó presiones, pero el órgano europeo que vela por la independencia estadística expresó públicamente su preocupación.
La SEPI, primer accionista de Indra, votó junto a Amber Capital y SAPA para cesar a cuatro consejeros independientes en la junta de 2022. La CNMV acreditó que los tres cooperaron y calificó el episodio de «totalmente alejado» de lo que se espera de una cotizada, aunque no halló una acción concertada para tomar el control ni infracciones concretas.
El Ministerio de Justicia tramitó, con el Gobierno en funciones, las solicitudes de indulto de varios excargos del PSOE andaluz condenados por el caso ERE, entre ellos Manuel Chaves y José Antonio Griñán. La medida contrasta con las declaraciones previas de Pedro Sánchez contra los indultos entre políticos.
El entonces diputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo, conocido como «Tito Berni», fue investigado por una presunta trama de cobro de comisiones a empresarios a cambio de gestiones. Dimitió como diputado y fue expulsado del PSOE en febrero de 2023.
Hubo avisos antes de la entrada masiva. La Guardia Civil documentó medios desbordados y refuerzos activados cuando la crisis ya estaba en marcha. Sánchez reconoció después una respuesta administrativa insuficiente.
Al menos una fragata y varias patrulleras marroquíes navegaron sin autorización por aguas españolas de Ceuta a finales de julio de 2026 y la Armada desplegó tres buques. El Gobierno no lo hizo público: Sánchez lo confirmó el 12 de octubre y lo llamó hecho puntual.
La ley de garantía integral de la libertad sexual provocó, de forma no prevista, más de mil rebajas de condena y más de un centenar de excarcelaciones de agresores sexuales.
El Congreso aprobó la autodeterminación registral del género a partir de los 16 años sin necesidad de informe médico ni tratamiento hormonal previo.
Renfe licitó en 2019 los nuevos trenes de ancho métrico de Cantabria y Asturias con unos gálibos que la red no podía admitir. Cuando se supo, en 2023, dimitieron el presidente de Renfe y la secretaria de Estado de Transportes. El Tribunal de Cuentas concluyó en 2026 que Renfe debió resolver el contrato y que su modificación no se ajustó a Derecho.
En octubre de 2022 el Gobierno ascendió a la exfiscal general Dolores Delgado a la máxima categoría de la carrera fiscal, a propuesta de su sucesor, Álvaro García Ortiz. En noviembre de 2023 el Supremo anuló el nombramiento por desviación de poder. La Sala de lo Penal archivó después la querella del PP: la desviación de poder no equivale por sí sola a un delito.
Correos, la mayor empresa pública, perdió 217 millones en 2022 y 120 en 2023, después de otros dos años de pérdidas en la pandemia. La auditoría del grupo SEPI advirtió de un fondo de maniobra negativo y de un probable desequilibrio patrimonial en 2025, y en noviembre de 2024 la empresa redujo su capital en 211,5 millones para sanear el balance.
El rescate público de 53 millones de euros a la aerolínea Plus Ultra durante la pandemia fue investigado y archivado en 2023. En 2026 la Audiencia Nacional reabrió líneas de investigación sobre el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, entre ellas una pieza separada sobre el origen de joyas incautadas en su despacho.
El Congreso aprobó la amnistía de los delitos vinculados al procés independentista, incluida la malversación, tras un acuerdo de investidura con Junts y ERC.
El extesorero de confianza Koldo García y el exministro José Luis Ábalos fueron condenados por el Tribunal Supremo a 19 y 24 años de prisión por comisiones ilegales en contratos de mascarillas.
El juez de la Audiencia Nacional imputó a la directora general de la Guardia Civil y al director adjunto operativo dentro de la investigación del caso Leire Díez. Se examinan presuntos delitos de prevaricación y obstrucción a la justicia, a partir de la tesis de que determinadas investigaciones internas habrían podido servir como mecanismo de presión sobre los agentes de la UCO que instruían causas sensibles para el PSOE y el entorno del presidente.
La UCO documenta que un exjuez vinculado al entorno de Leire Díez contactó con un clan de Badajoz y dijo que había que eliminar a la magistrada que instruía la causa contra David Sánchez. El clan lo rechazó. Está investigado por coacciones y calumnias, no por un plan de agresión.
La investigación judicial del caso Koldo incorporó las gestiones de José Luis Ábalos y Koldo García en torno al rescate público de 475 millones de euros a Air Europa en 2020. El juez delimitó el objeto de la investigación a esas gestiones concretas, sin considerar acreditados indicios contra la decisión de rescatar a la aerolínea.
El Gobierno aprobó por real decreto-ley una reforma del régimen de gobierno de RTVE que amplió su Consejo de Administración de 10 a 15 miembros y permitió elegirlos por mayoría absoluta si fracasaba una primera votación por dos tercios. La oposición la calificó de «asalto a las instituciones»; el Ejecutivo defendió que desbloqueaba una renovación paralizada.
El Juzgado de Instrucción nº 41 de Madrid procesó a Begoña Gómez por presuntos delitos de tráfico de influencias, malversación, corrupción en los negocios y apropiación indebida.
El Tribunal Supremo condenó al Fiscal General del Estado, nombrado por Pedro Sánchez, por un delito de revelación de secretos. Fue la primera condena a un Fiscal General en ejercicio en democracia.
La causa principal investiga una presunta trama de fraude fiscal en el sector de los hidrocarburos. Su relevancia para esta cronología es que Víctor de Aldama, figura central del expediente, aparece también conectado con el caso Koldo y ha realizado ante el juez afirmaciones sobre una presunta financiación irregular. Esas manifestaciones, por sí solas, no acreditan responsabilidad del Gobierno, del PSOE ni de Pedro Sánchez.
David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, fue juzgado por su contratación como personal de alta dirección en la Diputación de Badajoz. En julio de 2026 fue condenado en primera instancia a nueve años de inhabilitación por un delito de prevaricación; la sentencia puede ser recurrida.
La revelación de que se había espiado con el programa Pegasus a decenas de personas vinculadas al independentismo catalán provocó una crisis con los socios parlamentarios y el cese de la directora del CNI, Paz Esteban, tras admitir ante el Congreso intervenciones autorizadas judicialmente.
El Gobierno reveló en mayo de 2022 que el teléfono de Pedro Sánchez había sido infectado con el spyware Pegasus en al menos dos ocasiones durante 2021, extrayendo más de 2,6 gigabytes de datos. Las infecciones coincidieron con la crisis diplomática con Marruecos por la hospitalización de Brahim Ghali y con la crisis migratoria de Ceuta, lo que llevó al Gobierno a atribuir el ataque a «actores externos» en alusión implícita a Rabat.
En una carta personal fechada el 14 de marzo de 2022, y que la Casa Real marroquí hizo pública el día 18, Pedro Sánchez apoyó ante el rey Mohamed VI el plan de autonomía marroquí para el Sáhara Occidental, rompiendo 46 años de neutralidad española. La decisión se adoptó sin consulta parlamentaria ni aviso a Argelia, desencadenó una grave crisis diplomática y comercial con Argelia, y coincide temporalmente con la crisis de Ceuta y el hackeo del teléfono de Sánchez con Pegasus, lo que llevó a amplios sectores a interpretarla como una capitulación ante la presión marroquí.
Al menos 23 personas murieron —37 según organizaciones humanitarias— al intentar entrar en Melilla el 24 de junio de 2022. Sánchez calificó el asalto de «bien resuelto»; el Defensor del Pueblo concluyó después que al menos 470 personas fueron devueltas sin garantías.
Un colapso del sistema eléctrico dejó sin suministro a más de 50 millones de personas en la península ibérica durante varias horas, con explicaciones oficiales tardías.
Entre enero y octubre de 2026 la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla, sin un solo siniestro mortal desde 1992, sufrió dos: 46 muertos en Adamuz y 69 en Urda, donde el centro de control autorizó a un AVE a seguir con la vía ocupada.
La Audiencia Nacional investiga una presunta trama, en la que figura la exmilitante socialista Leire Díez, orientada a desacreditar a la UCO y a la Fiscalía Anticorrupción e interferir en procedimientos judiciales que afectaban al PSOE, al Gobierno y al entorno de Pedro Sánchez. Entre los investigados figuran también Santos Cerdán y el exdirigente andaluz Gaspar Zarrías. Las derivadas sobre la SEPI y sobre las presuntas presiones a la Guardia Civil tienen ficha propia.
Una derivada del caso Leire Díez examina en la Audiencia Nacional una presunta estructura de intermediación e influencia sobre operaciones de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales. Según los informes atribuidos a la UCO y recogidos por la prensa, las diligencias analizan cinco operaciones realizadas entre 2021 y 2023, por un importe conjunto en torno a los 132,9 millones de euros, y presuntas comisiones de unos 750.614 euros.
Santos Cerdán, secretario de Organización del PSOE y hombre de confianza de Pedro Sánchez, ingresó en prisión preventiva por su presunta implicación en comisiones ilegales.
La rama del caso Koldo que no son las mascarillas: presuntos amaños en la adjudicación de obra pública durante la etapa de José Luis Ábalos en Transportes.
La Operación Perserte investiga si un alto cargo del Ministerio para la Transición Ecológica agilizó licencias ambientales de la empresa Forestalia a cambio de pagos.
La Fiscalía Europea investiga tres contratos de Red.es por 10,6 millones adjudicados a empresas de Juan Carlos Barrabés, avalados por cartas de recomendación de Begoña Gómez.
Distintas diligencias han situado bajo escrutinio pagos, contratos y documentación relacionados con el PSOE. Una parte sustancial de las afirmaciones sobre una supuesta financiación irregular procede de las declaraciones de Víctor de Aldama, investigado en otras causas, por lo que deben atribuirse expresamente a él y no presentarse como hechos probados.
Interior estimó unas 72.000 entradas en la crisis del 30 y 31 de julio de 2026. Había avisos previos, pero los medios quedaron desbordados. Los documentos desclasificados permiten examinar la prevención y una respuesta insuficiente.
Puigdemont reapareció en un acto público en Barcelona y se marchó sin ser detenido pese a una orden vigente. Los informes posteriores reconocieron fallos en el operativo.
Familia, colaboradores, partido e instituciones: causas, condenas e investigaciones vinculadas a su círculo político. Esta sección diferencia entre condenas firmes, procesos judiciales abiertos, investigaciones y responsabilidades estrictamente políticas. Pedro Sánchez no figura como investigado en estas causas, salvo que una fuente judicial indique lo contrario; su presencia aquí responde a la proximidad familiar, orgánica, institucional o política de las personas incluidas.
La acumulación de causas alrededor de familiares, colaboradores, dirigentes socialistas, altos cargos e instituciones vinculadas al entorno político de Pedro Sánchez se convirtió en uno de los principales factores de desgaste de su Gobierno. Esta sección no sostiene que el presidente sea penalmente responsable de los actos investigados o juzgados de terceros. Documenta, en cambio, la cercanía objetiva de esas personas al poder político, el estado procesal de cada caso y el impacto institucional y político de las resoluciones conocidas.
El criterio es estricto: las condenas firmes se identifican como tales; las investigaciones y los procesos pendientes incluyen un aviso explícito de presunción de inocencia; y las relaciones personales o políticas no se presentan como prueba de responsabilidad penal.
Entre 2021 y 2026, seis episodios documentados se encadenan en una secuencia de presión, vulnerabilidad y concesión que cambió la política exterior española en 46 años. España pasó de neutral en el Sáhara a aliada de Marruecos —el mismo país que meses antes había «abierto el grifo» migratorio en Ceuta y, según el Gobierno, hackeado el teléfono del presidente. Pulsa cada tarjeta para ver el dossier completo.
Esta sección reúne decisiones de Gobierno, acuerdos parlamentarios y reformas legislativas vinculadas al independentismo catalán. Es una cronología política e institucional: no atribuye delitos donde no existe causa judicial, sino que documenta las medidas que permitieron la continuidad parlamentaria del Ejecutivo y sus efectos normativos, penales, administrativos y competenciales.
La prensa la llamó «la fontanera del PSOE». Leire Díez, exmilitante socialista, está investigada en la Audiencia Nacional por una presunta trama para recabar material contra mandos de la Guardia Civil y contra quienes instruían causas que afectaban al partido y al entorno del presidente. Esta sección ordena las cuatro piezas conocidas, de la trama inicial al hostigamiento de una magistrada. Pulsa cada tarjeta para ver el dossier completo.
El enfoque es crítico con la gestión política de Pedro Sánchez, pero se apoya exclusivamente en hechos verificables, resoluciones judiciales y citas identificables.
Se incluyen episodios con presencia sostenida en medios generalistas, impacto institucional demostrable, relevancia penal o repercusión política mayor.
Cada caso recibe una puntuación de 1 a 10 según impacto institucional, personas afectadas, relevancia penal y repercusión mediática y política.
Cada ficha indica explícitamente si se trata de un hecho confirmado, una sentencia firme, una investigación en curso o una decisión política, para no confundir imputación con condena.
Se prioriza prensa generalista y digital española, medios internacionales y fuentes oficiales: BOE, sentencias del Supremo y el Constitucional, y datos del CGPJ.
Respuestas cortas a las dudas más habituales sobre el proyecto y sus criterios.
Un proyecto documental independiente y sin ánimo de lucro que reúne, con fecha, fuente y enlace, los principales episodios de controversia política, institucional y judicial de los gobiernos de Pedro Sánchez entre 2018 y 2026: 55 fichas con cronología interna y referencias verificables.
No. Pedro Sánchez no figura como investigado en ninguna de las causas recogidas en este expediente, salvo que una fuente judicial indique lo contrario. Sí consta una sanción administrativa electoral firme —la multa de la Junta Electoral Central por la entrevista concedida desde La Moncloa en 2019, confirmada por el Tribunal Supremo— y sí figuran personas de su entorno familiar, político y ministerial, cada una con su estado procesal indicado en su ficha y con la presunción de inocencia que corresponde mientras no haya condena firme.
Cada caso recibe una puntuación editorial de 1 a 10 que pondera impacto institucional, personas afectadas, relevancia penal y repercusión mediática. No es una escala judicial: el ranking ordena la relevancia de los expedientes tal y como los valora este proyecto, no la culpabilidad de nadie.
No. El expediente distingue siempre entre hecho confirmado, decisión política discutible, investigación en curso y condena firme. Las decisiones políticas del «Expediente Cataluña» —indultos, amnistía, reformas— se documentan aparte, con una escala de impacto institucional, y nunca aparecen en el ranking de gravedad junto a causas penales.
Escribiendo a contacto@expedientesanchez.com. Si el aviso viene con una fuente verificable —una resolución, una noticia con fecha y enlace— se comprueba y, si procede, se corrige la ficha. Las discrepancias de criterio sobre la puntuación de gravedad también se leen, aunque esa escala es editorial y no judicial.
Sí. Cada ficha enlaza sus fuentes originales: prensa generalista y medios internacionales, además de fuentes oficiales señaladas como tales —BOE, CGPJ, Tribunal Supremo, Tribunal Constitucional y La Moncloa—. Ante cualquier discrepancia, la fuente enlazada prevalece sobre este texto.
Este es un proyecto documental independiente y sin ánimo de lucro que reúne, con fecha, fuente y enlace, los principales episodios de controversia política, institucional y judicial de los gobiernos de Pedro Sánchez (2018–presente).
Independencia editorial. No está vinculado a ningún partido, medio u organización. Las valoraciones críticas se formulan sobre hechos publicados y resoluciones oficiales, evitando insultos o lenguaje vulgar.
Proyecto vivo. La estructura de datos está pensada para ampliarse: cada caso es un objeto independiente en el código fuente, listo para sumar nuevos años y expedientes.
Presunción de inocencia. En los casos judicializados sin sentencia firme se recoge el estado procesal tal y como lo informan fuentes verificables, sin prejuzgar su resultado.
Contacto. Para señalar un error de dato, aportar una fuente que matice o desmienta lo publicado, o proponer un caso que falte en el archivo: contacto@expedientesanchez.com. Toda corrección que llegue acompañada de una fuente verificable se comprueba y, si procede, se aplica. Este proyecto no publica material reservado ni filtraciones: trabaja únicamente con información ya publicada y con resoluciones oficiales.
En X. El archivo publica también sus casos en @ArchivoSanchez, cada uno con el enlace a su ficha.
Cada recorte enlaza a la fuente original. Las referencias oficiales —BOE, CGPJ, Tribunal Supremo, La Moncloa— están señaladas como «Fuente oficial».
Las fotografías institucionales proceden de Wikimedia Commons y llevan enlace a la ficha original para verificar autoría y licencia antes de cualquier uso comercial. Donde no existía una fotografía documental verificable del hecho concreto, se usa una imagen de contexto institucional —claramente indicada— en lugar de una imagen no verificada.