Carlos Teixidor Cadenas — Wikimedia Commons · CC BY-SA 4.0 · ficha original en Wikimedia Commons ↗
Adamuz y Urda: dos accidentes mortales en la alta velocidad Madrid-Sevilla en menos de diez meses
Entre enero y octubre de 2026 la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla, sin un solo siniestro mortal desde 1992, sufrió dos: 46 muertos en Adamuz y 69 en Urda, donde el centro de control autorizó a un AVE a seguir con la vía ocupada.
Qué ocurrió
Entre el 18 de enero y el 28 de octubre de 2026, en poco más de nueve meses, la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla sufrió dos accidentes con víctimas mortales. Hasta este año no había registrado ningún siniestro mortal desde su apertura en 1992.
El 18 de enero, hacia las 19:45, un tren de Iryo que cubría el trayecto Málaga-Madrid descarriló a la altura de Adamuz, en Córdoba. Sus tres últimos coches invadieron la vía contraria y, unos nueve segundos después, un Alvia de Renfe que iba de Madrid a Huelva los embistió a unos 205 kilómetros por hora. Murieron 46 personas —37 en el Alvia y 9 en el Iryo, entre ellas el maquinista del tren de Renfe— y resultaron heridas 292. Los hallazgos preliminares apuntaron a que una fractura en el carril era anterior al descarrilamiento. El Juzgado de Montoro investiga posibles homicidios y lesiones por imprudencia, y en marzo se hizo pública una investigación de la Fiscalía Europea sobre el posible uso indebido de fondos europeos destinados al mantenimiento de ese tramo.
El 28 de octubre, a las 8:54, se produjo el segundo, y el más grave. Un AVE de Renfe con 397 pasajeros, que cubría el trayecto Madrid-Sevilla, chocó a gran velocidad contra un tren de Iryo detenido en la vía con 147 pasajeros, a la altura de Urda, en Toledo. Según la versión preliminar que dio el ministro de Transportes, Óscar Puente, el sistema de seguridad LZB había fallado por un problema de comunicación entre tres ordenadores, lo que dejó 63 kilómetros sin esa protección, y el centro de control de Atocha autorizó al AVE a reanudar la marcha con normalidad pese a que la vía estaba ocupada y había una señal en rojo. El tren recorrió unos 25 kilómetros antes del impacto. Puente calificó la decisión del centro de control de inexplicable y la situó en el origen del accidente, precisando al mismo tiempo que no estaba atribuyendo culpas y que serían las investigaciones las que concluyeran.
El 2 de noviembre quedaron identificadas las 69 víctimas mortales de Urda: 40 hombres y 29 mujeres, todos mayores de edad, 54 españoles y 15 extranjeros de diez nacionalidades. La comunicación a las familias se completó cinco días después del siniestro. Investigan la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios, con apoyo de la Guardia Civil, y el Juzgado de Orgaz, que declaró el secreto de las actuaciones e incautó las cajas negras.
La dimensión política llegó después. Puente puso su cargo a disposición de Pedro Sánchez, que la rechazó por considerarla injusta, y el ministro descartó dimitir. El 3 de noviembre compareció ante la Diputación Permanente del Congreso para dar explicaciones y anunció un endurecimiento de los protocolos del centro de control; el PP, Vox, Junts, el PNV y Podemos, entre otros, reclamaban su salida.
Ese balance contrasta con el discurso del ministro. El 23 de agosto de 2024, en el Senado, Óscar Puente afirmó que «el tren vive en España el mejor momento de su historia», apoyándose en el récord de viajeros, y lo repitió el 17 de septiembre ante una pregunta del PP. El 17 de noviembre de 2025 anunció que el AVE Madrid-Barcelona circularía a 350 kilómetros por hora, y al día siguiente la cuenta de la Moncloa en TikTok le mostraba repartiendo en la mesa del Consejo de Ministros unos pines conmemorativos del anuncio, para que los ministros los tuvieran «porque forman parte del Gobierno que lo hizo posible». Se encargaron 350, por 1.266,67 euros. Dos meses después ocurrió Adamuz; los 350 kilómetros por hora no han llegado a aplicarse y la red acumula limitaciones de velocidad.
Para este archivo, esa distancia entre la celebración y lo ocurrido es un fallo de gestión de primer orden: en menos de diez meses, la misma línea de alta velocidad sumó los dos accidentes más graves de su historia mientras el ministerio presumía de récords y repartía distintivos por velocidades que nunca se alcanzaron. Es una valoración política, y como tal se ofrece: las causas técnicas y las responsabilidades concretas las determinarán las investigaciones abiertas.
Lo que esta ficha no afirma es una responsabilidad penal. Ningún órgano ha declarado todavía responsabilidades penales ni administrativas por ninguno de los dos accidentes, y la causa de Urda está bajo secreto. Lo que sí es un hecho objetivo es que Adif y Renfe son empresas públicas dependientes del Ministerio de Transportes, y que de ahí nace el debate sobre la responsabilidad política del Gobierno en el mantenimiento y la gestión de la red.
Cronología interna
Fuentes y referencias
Otros casos del expediente
Nota de rigor: esta ficha distingue entre hecho confirmado, decisión política, investigación judicial y condena firme. Una investigación o imputación no implica culpabilidad. La puntuación de gravedad es una valoración editorial de este proyecto, no una valoración judicial. Cada dato puede comprobarse en las fuentes enlazadas.