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El Supremo anula por desviación de poder el ascenso de Dolores Delgado a fiscal de Sala
En octubre de 2022 el Gobierno ascendió a la exfiscal general Dolores Delgado a la máxima categoría de la carrera fiscal, a propuesta de su sucesor, Álvaro García Ortiz. En noviembre de 2023 el Supremo anuló el nombramiento por desviación de poder. La Sala de lo Penal archivó después la querella del PP: la desviación de poder no equivale por sí sola a un delito.
Qué ocurrió
Dolores Delgado dejó la Fiscalía General del Estado en julio de 2022 y la sustituyó Álvaro García Ortiz, que había sido su número dos. Pocas semanas después, García Ortiz la propuso para una plaza de fiscal de Sala en la Fiscalía Togada del Tribunal Supremo, la que se ocupa de la jurisdicción militar. El Consejo de Ministros la nombró el 4 de octubre de 2022 por el Real Decreto 807/2022, a propuesta de la ministra de Justicia, Pilar Llop, y vista la del fiscal general. El nombramiento la ascendía a la categoría primera de la carrera fiscal. Lo recurrió ante el Supremo Luis Rueda, entonces teniente fiscal del Tribunal de Cuentas.
El 21 de noviembre de 2023 la Sala de lo Contencioso-Administrativo anuló el real decreto en su sentencia 1499/2023 y ordenó repetir el procedimiento desde la propuesta. Apreció desviación de poder, es decir, que una potestad pública se usó para un fin distinto del que la ley le asigna. La clave fue lo que el propio García Ortiz expuso ante el Consejo Fiscal: que quien ha sido fiscal general no debería volver a la carrera en una categoría inferior a la más alta, algo que el Estatuto del Ministerio Fiscal no prevé. Al rechazar en enero de 2024 el incidente de nulidad de Delgado, el tribunal insistió en que, en este caso, la prueba de esa finalidad era clara e incontestable. El Gobierno ejecutó la sentencia el 9 de abril de 2024 con el Real Decreto 371/2024.
La vía penal terminó de otro modo. El PP se querelló contra García Ortiz por prevaricación, y el 15 de abril de 2024 la Sala de lo Penal archivó la querella sin ver indicios de delito: el fiscal general se limitó a proponer, la decisión correspondía al Consejo de Ministros y Delgado cumplía los requisitos formales. El auto subraya que no cabe trasladar de forma automática al derecho penal la desviación de poder apreciada en la vía administrativa.
Conviene no mezclar esta ficha con otros episodios. El nombramiento de Delgado como fiscal general en 2020 no fue anulado y tiene ficha propia. Su designación en junio de 2023 como fiscal de Sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática también la anuló el Supremo en 2024, pero por otro motivo: no se consultó al Consejo Fiscal sobre una posible incompatibilidad por su relación con Baltasar Garzón; en ese caso el tribunal descartó expresamente la desviación de poder. La condena posterior de García Ortiz se refiere a hechos distintos y tiene ficha propia. Lo que documenta esta ficha es un nombramiento del Gobierno anulado por los tribunales, no un delito, y ninguna de estas resoluciones atribuye responsabilidad al presidente del Gobierno.
Cronología interna
Fuentes y referencias
Otros casos del expediente
Nota de rigor: esta ficha distingue entre hecho confirmado, decisión política, investigación judicial y condena firme. Una investigación o imputación no implica culpabilidad. La puntuación de gravedad es una valoración editorial de este proyecto, no una valoración judicial. Cada dato puede comprobarse en las fuentes enlazadas.