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Gestión de la pandemia: estados de alarma declarados inconstitucionales
El Tribunal Constitucional declaró inconstitucionales, en dos sentencias distintas, aspectos centrales de los estados de alarma decretados para gestionar la pandemia.
Qué ocurrió
El 14 de marzo de 2020 el Gobierno de Pedro Sánchez decretó el primer estado de alarma para hacer frente a la pandemia de COVID-19, con un confinamiento domiciliario que afectó a toda la población. El Tribunal Constitucional, en su sentencia 148/2021, de 14 de julio de 2021, declaró inconstitucionales varios preceptos del Real Decreto 463/2020 al considerar que la limitación de la libertad de circulación equivalía a una suspensión de derechos fundamentales que solo cabría bajo un estado de excepción, no de alarma. Meses después, el Constitucional también anuló partes del segundo estado de alarma, declarado en octubre de 2020, por la delegación del mando a las comunidades autónomas sin control parlamentario efectivo. A ello se sumó la polémica por la gestión de las residencias de mayores durante las primeras semanas, con miles de fallecimientos y protocolos cuestionados judicialmente en varias autonomías. El Gobierno defendió que actuó conforme a la información disponible en una emergencia sanitaria sin precedentes; juristas y oposición señalaron que mantuvo vigentes normas con una base jurídica posteriormente anulada.
La gestión dejó también una controversia de transparencia. Durante la desescalada el Gobierno se refirió a un comité técnico que evaluaba qué territorios podían cambiar de fase, sin decir quién lo formaba. Ante una denuncia de Maldita.es, el Ministerio de Sanidad respondió en julio de 2020 al Consejo de Transparencia que «no existe ningún comité de expertos» que decidiera los avances de fase, y atribuyó esa labor a la Dirección General de Salud Pública con el apoyo del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias. En diciembre, tras una solicitud de acceso a la información, entregó la lista de las quince personas del equipo técnico que había evaluado las fases, pero no las fechas ni los temas de sus reuniones; para otros grupos de expertos alegó que, al no ser órganos colegiados, no estaba obligado a levantar actas. La crítica fundada es de opacidad y de explicaciones cambiantes sobre la naturaleza de ese equipo, no que las decisiones carecieran de base técnica: el grupo de evaluación existía y trabajaba. Dos episodios de aquellos meses tienen ficha propia: la compra fallida de test rápidos Bioeasy y el cese del coronel Pérez de los Cobos.
Tampoco hubo una rendición de cuentas formal sobre la gestión. En agosto de 2020 una veintena de científicos pidieron en The Lancet una evaluación independiente, y el 7 de octubre el Ministerio de Sanidad y las comunidades acordaron encargarla en el Consejo Interterritorial. El equipo coordinador no se designó hasta septiembre de 2021. El informe, «Evaluación del desempeño del Sistema Nacional de Salud español frente a la pandemia de COVID-19», está fechado en abril de 2023, pero no se presentó hasta el 21 de diciembre de ese año, como último punto del orden del día del Consejo Interterritorial. Concluye que España no estaba lo suficientemente preparada, por la falta de reservas de material y la debilidad de la vigilancia epidemiológica; que hubo contradicciones y fallos de coordinación entre administraciones; que el marco legal no fue suficiente, y que el Consejo Interterritorial no fue eficaz para adoptar decisiones homogéneas. Valora también la respuesta de los profesionales y la campaña de vacunación. Es una evaluación técnica de un sistema que gestionan a la vez el Ministerio y las comunidades, no un reparto de responsabilidades personales. Sus propios coordinadores escribieron después en Gaceta Sanitaria que llegaba «tarde y con muy poca visibilidad», tras demoras inexplicadas, y que decenas de informes técnicos de la Administración citados en el anexo seguían sin publicarse.
En el Congreso, la Mesa admitió a trámite en septiembre de 2020 la petición del PP de una comisión mixta de investigación sobre la gestión del Gobierno frente a la COVID, pero el PSOE se negó a incluir su debate en el orden del día y, con sus socios, la desechó. La comisión que existía era de estudio, para la reconstrucción tras la pandemia. La comisión de investigación que aprobó el Congreso en marzo de 2024, tras estallar el caso Koldo, se ciñe a las compras de material sanitario.
En la vía penal, el Tribunal Supremo inadmitió el 18 de diciembre de 2020 las veinte querellas y treinta denuncias presentadas contra el presidente y los ministros por la gestión de la COVID, porque no se justificaba la autoría personal de ningún aforado, y las envió al juzgado decano de Madrid para que los juzgados ordinarios investigaran las muertes en residencias, la falta de protección de sanitarios y policías y las compras de material fallidas. El propio auto advierte que ese archivo «no santifica actuaciones erróneas y de graves consecuencias sociales, aunque no tengan relevancia penal». Que el Supremo no abriera causa no prueba ni la inocencia ni la culpa de nadie: significa que no se aportaron indicios de responsabilidad penal personal de los aforados.
Las compras sí pasaron por el Tribunal de Cuentas. En mayo de 2022 fiscalizó los contratos de emergencia de 2020 del INGESA, el organismo de Sanidad que centralizó compras de material para todo el sistema: consideró ajustado a derecho el uso del procedimiento de emergencia, pero halló incidencias de ejecución en 11 de los 49 contratos examinados. En cuatro, la Administración resolvió el contrato porque la empresa incumplió, y las reclamaciones para recuperar los anticipos seguían en curso; el tribunal apuntó a una verificación insuficiente de la solvencia de algunos proveedores, en un contexto de desabastecimiento mundial. En diciembre de 2024 el Gobierno cifró, en respuesta a preguntas del PP recogidas por Vozpópuli, en 9,24 millones las cinco reclamaciones abiertas por contratos fallidos de Sanidad, de los que se habían devuelto 3,74. La Fiscalía se apoyó en ese informe para pedir en 2022 el archivo de una querella de Vox contra altos cargos por estas compras. Ni la compra de test Bioeasy, que contrató directamente el Ministerio, ni los contratos del caso Koldo forman parte de esa fiscalización; ambos tienen ficha propia.
Cronología interna
Fuentes y referencias
Otros casos del expediente
Nota de rigor: esta ficha distingue entre hecho confirmado, decisión política, investigación judicial y condena firme. Una investigación o imputación no implica culpabilidad. La puntuación de gravedad es una valoración editorial de este proyecto, no una valoración judicial. Cada dato puede comprobarse en las fuentes enlazadas.