Torres05 — Wikimedia Commons (CC0) · ficha original en Wikimedia Commons ↗
El error de gálibo en los trenes de Cantabria y Asturias
Renfe licitó en 2019 los nuevos trenes de ancho métrico de Cantabria y Asturias con unos gálibos que la red no podía admitir. Cuando se supo, en 2023, dimitieron el presidente de Renfe y la secretaria de Estado de Transportes. El Tribunal de Cuentas concluyó en 2026 que Renfe debió resolver el contrato y que su modificación no se ajustó a Derecho.
Qué ocurrió
A principios de 2019 Renfe licitó la compra de 31 trenes de ancho métrico para las líneas de Cercanías y regionales de Cantabria y Asturias, la antigua Feve. Los pliegos exigían unos gálibos —las dimensiones máximas que admite la vía— que numerosos túneles y puntos de esa red no cumplían. En junio de 2020 el contrato se adjudicó a CAF por 162,24 millones de euros sin IVA. Tras la adjudicación, el fabricante advirtió del problema, y el 19 de febrero de 2021 Adif confirmó a Renfe que aquellos gálibos eran imposibles de aplicar.
El asunto se hizo público el 3 de febrero de 2023. Los trenes no se habían llegado a fabricar: el error se detectó en la fase de diseño, y el secretario general de Infraestructuras, Xavier Flores, aseguró el 8 de febrero que «no se ha fabricado ningún tren» y que «no se ha malgastado ningún euro de los españoles». Pero la renovación de la flota se retrasaba años. Los presidentes de Cantabria y Asturias hablaron de «chapuza», la ministra Raquel Sánchez anunció ceses y el 20 de febrero dimitieron el presidente de Renfe, Isaías Táboas, y la secretaria de Estado de Transportes, Isabel Pardo de Vera; se sumaban a los ceses de dos cargos intermedios de Adif y Renfe. Ese día el Gobierno pactó con ambas comunidades mantener la gratuidad de las Cercanías hasta la entrega de los trenes y comprar siete unidades más. Pardo de Vera figura años después entre los antiguos altos cargos investigados en la pieza de obra pública del caso Koldo, por hechos distintos que ella niega y que tienen su propia ficha.
El Tribunal de Cuentas aprobó el 28 de mayo de 2026 su fiscalización del contrato, con un juicio severo. La exigencia de esos gálibos «fue claramente un error» de Renfe Viajeros que, con la debida diligencia, se habría evitado; según el Tribunal, le habría bastado con consultar sus propias bases de datos. Desde febrero de 2021 Renfe sabía que el objeto del contrato era de imposible ejecución y debió resolverlo y licitar de nuevo. En lugar de eso, el 5 de noviembre de 2024 formalizó una modificación que el Tribunal considera «no ajustada a Derecho», con un incremento de 19,35 millones de euros sin IVA, un 11,93 % más, hasta 181,6 millones. De ese incremento se habían pagado 5,60 millones al cierre de la fiscalización.
No deben sumarse otras cifras como si fueran el coste del error. La compra de las siete unidades adicionales se formalizó aparte, el 7 de febrero de 2025, por 37,18 millones sin IVA, y elevó el contrato a 218,78 millones; responde al compromiso de ampliar la flota, no a la corrección del diseño. Según el contrato fiscalizado, las entregas deben empezar como máximo el 31 de julio de 2028 y terminar el 15 de noviembre de ese año. En octubre de 2026 el delegado del Gobierno en Cantabria anunció las primeras unidades para noviembre y su funcionamiento normal en los primeros meses de 2027; es una previsión del Gobierno, no un plazo del contrato. Es una ficha sobre un fallo de gestión de una empresa pública y de su supervisión, no una causa penal, y nada en lo publicado atribuye el error a una decisión del presidente del Gobierno.
Cronología interna
Fuentes y referencias
Otros casos del expediente
Nota de rigor: esta ficha distingue entre hecho confirmado, decisión política, investigación judicial y condena firme. Una investigación o imputación no implica culpabilidad. La puntuación de gravedad es una valoración editorial de este proyecto, no una valoración judicial. Cada dato puede comprobarse en las fuentes enlazadas.