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La devolución de 55 menores de Ceuta a Marruecos en agosto de 2021
A mediados de agosto de 2021, la Delegación del Gobierno y el Gobierno de Ceuta devolvieron a Marruecos a 55 de los menores llegados en la entrada masiva de mayo, sin expediente individual. El Supremo declaró ilegales esas devoluciones, y en 2025 la exdelegada del Gobierno y la exvicepresidenta ceutí fueron condenadas en primera instancia por prevaricación.
Qué ocurrió
Entre las miles de personas que entraron en Ceuta el 17 y el 18 de mayo de 2021 —el episodio que se cuenta en la ficha de la crisis de Ceuta— unas 1.200 dijeron ser menores y quedaron bajo la tutela de la Ciudad Autónoma. Tres meses después, a partir del 13 de agosto, la Delegación del Gobierno, que representa al Ejecutivo central en la ciudad, y el Gobierno ceutí empezaron a entregarlos a Marruecos en grupos, amparándose en un acuerdo bilateral de 2007 sobre retorno de menores. Llegaron a devolver a 55 antes de que el operativo se detuviera, tras la alerta de varias organizaciones y de la responsable del área de menores de la Ciudad y la intervención de la Fiscalía.
La vía contencioso-administrativa concluyó que aquello fue ilegal. Un juzgado de Ceuta y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía condenaron a la Delegación a tomar medidas para el retorno de los menores, y el Tribunal Supremo lo ratificó en enero de 2024 en dos sentencias, la segunda sobre otros doce chicos. La Ley de Extranjería exige un procedimiento individual, información sobre la situación de cada menor, audiencia si tiene madurez e intervención del fiscal, y nada de eso se hizo; el acuerdo con Marruecos no permitía saltarse esas garantías.
La vía penal llegó después. El 11 de septiembre de 2025 la Audiencia Provincial de Cádiz en Ceuta condenó por prevaricación administrativa a la exdelegada del Gobierno, Salvadora Mateos, y a la exvicepresidenta del Gobierno ceutí, Mabel Deu, a nueve años de inhabilitación especial. El tribunal consideró probado que acordaron las devoluciones sin ajustarse a procedimiento legal alguno y sabiendo que no se ajustaban a la legalidad. Ambas sostuvieron en el juicio que actuaron con el conocimiento y el beneplácito del Ministerio del Interior; es su versión de defensa, no un hecho declarado probado. Las dos recurrieron ante el TSJA. A la fecha de esta ficha no consta en las fuentes consultadas que el recurso se haya resuelto: la condena no es firme y rige la presunción de inocencia.
La responsabilidad que establecen estas resoluciones es la de la Delegación del Gobierno —un órgano de la Administración central— y la de dos cargos concretos. Ninguna de ellas atribuye la decisión al presidente del Gobierno ni al Consejo de Ministros.
Cronología interna
Fuentes y referencias
Otros casos del expediente
Nota de rigor: esta ficha distingue entre hecho confirmado, decisión política, investigación judicial y condena firme. Una investigación o imputación no implica culpabilidad. La puntuación de gravedad es una valoración editorial de este proyecto, no una valoración judicial. Cada dato puede comprobarse en las fuentes enlazadas.