Julen Iturbe-Ormaetxe — Wikimedia Commons · CC BY-SA 2.0 · ficha original en Wikimedia Commons ↗
Caso Forestalia: licencias ambientales para parques eólicos bajo investigación
La Operación Perserte investiga si un alto cargo del Ministerio para la Transición Ecológica agilizó licencias ambientales de la empresa Forestalia a cambio de pagos.
Qué ocurrió
Forestalia es una empresa aragonesa de renovables cuyo modelo consistía en obtener los permisos ambientales de parques eólicos y fotovoltaicos y revender después los derechos de explotación a grandes energéticas. La Operación Perserte estalló el 3 de marzo de 2026, la lleva la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente de la Guardia Civil y la instruye el Juzgado de Instrucción n.º 1 de Teruel, en coordinación con la Fiscalía de Medio Ambiente de la provincia; no se descarta que acabe en la Audiencia Nacional por su tamaño. Están bajo examen 52 expedientes de proyectos eólicos y fotovoltaicos. Tras una docena de registros fueron detenidos Fernando Samper, propietario de la empresa, y Eugenio Domínguez, subdirector general de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio para la Transición Ecológica. Otras cuatro personas quedaron en libertad con cargos: la mujer de Domínguez, dos presuntos testaferros y un notario.
Los delitos que se investigan son prevaricación medioambiental, cohecho, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal. La hipótesis es que Domínguez se autoasignaba prácticamente todos los expedientes de Forestalia para evitar el reparto ordinario dentro del ministerio, los derivaba a equipos externos supervisados por él mismo y esquivaba así el control del personal técnico; a cambio habría recibido pagos canalizados mediante sociedades interpuestas y ampliaciones de capital, que según fuentes policiales rondarían los 5,2 millones de euros. El caso más citado es el clúster del Maestrazgo, una autorización excepcional de julio de 2024 para 122 aerogeneradores entre Teruel y Castellón concedida pese a un informe ambiental desfavorable; Forestalia vendió después ese proyecto por unos 500 millones de euros.
El vínculo político hay que enunciarlo con precisión. Domínguez ocupó el cargo entre 2017 y 2023, es decir durante el mandato de Teresa Ribera al frente del ministerio, y según lo publicado ella lo mantuvo en el puesto en 2018 a petición de Santos Cerdán y después lo incorporó como asesor hasta su salida. Conviene decirlo sin rodeos: Teresa Ribera no está investigada en esta causa. Lo que la conecta con el archivo es el nombre de Cerdán, cuya propia causa se documenta aparte.
El expediente incluye permisos en zonas de la Red Natura 2000 y en áreas de especies amenazadas, hasta el punto de que se suspendió un programa de reintroducción del quebrantahuesos. Forestalia figura además en otra investigación por 17 millones de euros en ayudas públicas. El Partido Popular ha llevado el asunto a la Comisión Europea por la posible vulneración de normativa ambiental comunitaria y por la eventual implicación de fondos europeos.
Es una instrucción en curso: hay detenciones y registros, no hechos declarados probados, y los investigados están amparados por la presunción de inocencia.
Cronología interna
Fuentes y referencias
Otros casos del expediente
Nota de rigor: esta ficha distingue entre hecho confirmado, decisión política, investigación judicial y condena firme. Una investigación o imputación no implica culpabilidad. La puntuación de gravedad es una valoración editorial de este proyecto, no una valoración judicial. Cada dato puede comprobarse en las fuentes enlazadas.