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El caso Koldo llega a la obra pública: adjudicaciones, Servinabar y Acciona
La rama del caso Koldo que no son las mascarillas: presuntos amaños en la adjudicación de obra pública durante la etapa de José Luis Ábalos en Transportes.
Qué ocurrió
El caso Koldo tiene dos ramas y la más conocida es la de las mascarillas. La otra, abierta como pieza separada por el magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente el 12 de junio de 2025 tras levantar el secreto de las actuaciones, investiga los presuntos amaños en la adjudicación de obra pública durante la etapa de José Luis Ábalos al frente del Ministerio de Transportes.
La hipótesis de la acusación es la existencia de una organización criminal formada por Ábalos, su asesor Koldo García y el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, que habría repartido más de 600.000 euros en comisiones a cambio de favorecer la adjudicación de infraestructuras. La pieza señala a las constructoras Acciona, LIP y OPR, y el vehículo del presunto cobro sería Servinabar, una sociedad de nueve empleados en la que Cerdán tenía un 45 % a través de un contrato privado de compra que apareció en los registros de junio de 2025. Asociada a Acciona, Servinabar habría obtenido seis grandes contratos por más de 100 millones de euros. En noviembre de 2025 la UCO registró las sedes de Acciona en Madrid y Bilbao buscando pruebas de esos amaños, y en enero de 2026 apuntó a que Ábalos y Koldo habrían repartido catorce obras de seguridad de ADIF. Un informe entregado a la Audiencia Nacional el 17 de julio de 2026 cifra en al menos 323.178 euros los ingresos no declarados de los que habrían disfrutado Cerdán y su entorno familiar entre 2015 y 2024.
La instrucción alcanza también a antiguos altos cargos del ministerio, por haber permitido presuntamente la manipulación de los procesos: Isabel Pardo de Vera, presidenta de ADIF, y Francisco Javier Herrero Lizano, director general de Carreteras. Pardo de Vera lo niega. Sostiene que amañar aquellas obras era materialmente imposible, porque en cada adjudicación intervenían entre veinticinco y cincuenta técnicos y se analizaban más de cien informes de organismos del propio administrador y de entidades independientes. Su versión forma parte del expediente igual que la hipótesis acusatoria.
El 28 de enero de 2026 Ábalos renunció a su escaño en el Congreso y con ello perdió el aforamiento. El 2 de febrero el Tribunal Supremo remitió la investigación de la obra pública a la Audiencia Nacional, que concentra desde entonces el resto de la causa. En abril de 2026 el tribunal ordenó informes periciales sobre una decena de grandes obras bajo sospecha.
Conviene separar esta pieza de la sentencia de las mascarillas. Aquella terminó en junio de 2026 con condenas firmes; esta sigue en instrucción, sin hechos declarados probados, y todos los investigados están amparados por la presunción de inocencia. La causa de Cerdán, que se documenta en su propia ficha, se cruza aquí por la participación en Servinabar.
Cronología interna
Fuentes y referencias
Otros casos del expediente
Nota de rigor: esta ficha distingue entre hecho confirmado, decisión política, investigación judicial y condena firme. Una investigación o imputación no implica culpabilidad. La puntuación de gravedad es una valoración editorial de este proyecto, no una valoración judicial. Cada dato puede comprobarse en las fuentes enlazadas.