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La entrada masiva en Ceuta de julio de 2026
Interior estimó unas 72.000 entradas en la crisis del 30 y 31 de julio de 2026. Había avisos previos, pero los medios quedaron desbordados. Los documentos desclasificados permiten examinar la prevención y una respuesta insuficiente.
Qué ocurrió
La entrada masiva del 30 y 31 de julio de 2026 desbordó la frontera y los servicios de Ceuta. El informe de la Guardia Civil de ese día sitúa la escalada durante la noche y la mañana del 30, con el desbordamiento en torno al mediodía. Las entradas se produjeron principalmente por mar y por los espigones fronterizos.
La magnitud fue extraordinaria. Marlaska estimó unas 72.000 personas ante el Congreso el 28 de agosto, en una ciudad de unos 83.000 habitantes, según esa misma comparecencia. Reconoció la dificultad de cerrar una cifra exacta y que la identificación seguía abierta. La referencia de Torres a 80.000 del 10 de agosto fue aclarada por su ministerio: no modificaba la estimación oficial de 72.000. EFE utilizó posteriormente, el 9 de septiembre, una cifra superior a 80.000, sin detallar un nuevo método de recuento. El balance exacto sigue abierto. Las llegadas acumuladas no equivalen a personas que permanecieran todas simultáneamente en la ciudad.
La presión y la necesidad de ayuda se conocían antes. El 27 de julio hubo una reunión urgente de las autoridades implicadas. El 29, Vivas advertía públicamente de servicios saturados y reclamaba una respuesta inmediata. Ese mismo día, el CNI comunicó al gabinete de la Delegación y a la UCE-3 de la Guardia Civil una convocatoria para el siguiente. Los avisos no fijaban el número final de entradas, pero sí documentan información previa sobre el riesgo.
El dispositivo no evitó el desbordamiento. La Guardia Civil documentó que los refuerzos de veinte efectivos y el alistamiento de otros cuarenta se activaron después de que la situación se hubiera desbordado. La existencia de esa reacción no demuestra preparación suficiente. Los informes también recogían necesidades de detección y rescate pendientes. El detalle de horarios, destinatarios y carencias se desarrolla en el dossier del CENIF.
La crisis tuvo consecuencias humanas y materiales graves. En su comparecencia del 3 de septiembre, Sánchez cifró en 141 los migrantes fallecidos. El decreto del 25 de agosto reconoció una presión inédita sobre el control fronterizo, la acogida y la atención humanitaria, con afectación a servicios sociales, protección de menores, seguridad, transporte y gestión administrativa.
Tras las entradas se desplegaron refuerzos policiales, apoyo militar y medios fronterizos, y se organizaron retornos a Marruecos. Marlaska sostuvo el 28 de agosto que la mayoría había regresado en las primeras 24 horas y estimó unas 5.000 personas todavía en Ceuta. Son balances gubernamentales fechados: no deben mezclarse con recuentos iniciales ni presentarse como prueba de que la crisis estuviera resuelta.
La coordinación extraordinaria de la situación de interés para la Seguridad Nacional se acordó mediante el decreto de 25 de agosto, 26 días después del desbordamiento, con efectos desde el 26. Vivas ya había planteado un mando único el 29 de julio. Sánchez justificó el momento de activación por la evolución sanitaria y económica de la crisis. La diferencia entre esas fechas plantea una cuestión de oportunidad de la respuesta, aunque existiera coordinación ordinaria antes del decreto.
El 3 de septiembre, Sánchez reconoció ante el Congreso que la respuesta de las administraciones no era suficiente mientras no se recuperase la normalidad. La insuficiencia de medios y el desbordamiento están documentados. La valoración política de la prevención y de las decisiones del Gobierno debe partir de esos hechos, sin confundirla con una responsabilidad penal individual ya establecida.
Sobre las causas, el Gobierno afirmó que Marruecos permitió el paso pero no constaba que lo hubiera planificado. Apuntó como factores concurrentes la actividad de redes de tráfico de personas, la relajación de vigilancia marroquí durante la Fiesta del Trono (30 de julio), y el fallo del Tribunal Supremo del 8 de julio que limitaba los rechazos automáticos en frontera de quienes fueran interceptados en el mar. Esa sentencia interpretó la normativa vigente sin modificar por sí misma la ley de extranjería.
El episodio debe situarse en continuidad con la crisis fronteriza de 2021 y el giro de España sobre el Sáhara Occidental en 2022. Desde entonces la cooperación bilateral en materia migratoria había aumentado, aunque los eventos de julio demostraron su fragilidad.
En los días posteriores surgieron denuncias de agresiones sexuales durante el incidente, con cifras nuevamente discordantes según la fuente: cuerpos policiales reportaron 15 casos y dos detenidos; órganos judiciales contabilizaron 12 denuncias formales con tres investigaciones abiertas, incluyendo dos menores víctimas; Sanidad de la Ciudad Autónoma registró cinco atenciones. Estas cifras no son directamente comparables ni equivalen a hechos probados. Los presuntos autores permanecen amparados por la presunción de inocencia.
En septiembre de 2026 el caso dio un giro: un informe del CENIF remitido a la Audiencia Nacional situó a agentes marroquíes guiando la entrada, Interior discutió sus conclusiones y hasta su condición de informe oficial, y se abrió el debate sobre las alertas policiales previas. Eso se documenta en la ficha del informe del CENIF, porque es una controversia de naturaleza distinta a la crisis en sí.
Los documentos publicados el 9 de septiembre permiten reconstruir los avisos previos y la reacción operativa. El 11 dimitió el jefe de gabinete del delegado del Gobierno, con versiones enfrentadas sobre la transmisión del aviso del CNI. La ficha del CENIF analiza esa controversia y los documentos originales.
El papel del CNI enfrentó a dos ministerios. El 4 de agosto Grande-Marlaska aseguró que no hubo ningún informe ni aviso del CNI de algo parecido a lo ocurrido. El 25 de agosto, en el Congreso, la ministra de Defensa, Margarita Robles, sostuvo que los agentes del CNI en Ceuta informaron el día 29 a la Delegación del Gobierno de una convocatoria para entrar a nado al día siguiente, y recordó que el control de fronteras compete a Interior. Interior mantiene que ambas versiones son compatibles si se distingue entre el seguimiento ordinario de la situación migratoria y un aviso concreto de una entrada de esas dimensiones; la documentación publicada el 9 de septiembre, analizada en la ficha del CENIF, permite contrastarlo.
A finales de agosto, en una entrevista en Hoy por Hoy, de la Cadena SER, Sánchez vinculó a redes asociadas a Rusia y a Israel, y a una internacional ultraderechista, con la difusión de bulos durante la crisis. No les atribuyó la entrada en sí, sino la desinformación sobre ella. El informe del Servicio Europeo de Acción Exterior detectó campañas de desinformación patrocinadas por Rusia, pero no las relacionó con el origen de la crisis, y las cuentas que difundían bulos desde Israel no guardaban relación con su Gobierno y tuvieron mucho menos alcance que las rusas. El 31 de agosto el ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, acusó a Sánchez de mentir descaradamente, y el 10 de septiembre, en un foro en Madrid, la encargada de negocios de Israel en España, Dana Erlich, afirmó que no cooperar con Israel en defensa tiene un precio para los ciudadanos españoles.
A mediados de septiembre, Arancha González Laya, ministra de Exteriores durante la crisis de 2021 y relevada por Sánchez en julio de aquel año, se desmarcó de la línea del Gobierno en Pamplona: calificó a Marruecos de «vecino neoimperialista que quiere cambiar las fronteras a su voluntad», definió lo ocurrido como un ataque híbrido y denunció el uso de la migración como arma. Es una valoración política, no un hecho acreditado, pero procede de quien dirigía la diplomacia española en el anterior choque con Rabat.
Cronología interna
Fuentes y referencias
Otros casos del expediente
Nota de rigor: esta ficha distingue entre hecho confirmado, decisión política, investigación judicial y condena firme. Una investigación o imputación no implica culpabilidad. La puntuación de gravedad es una valoración editorial de este proyecto, no una valoración judicial. Cada dato puede comprobarse en las fuentes enlazadas.