Expediente Sánchez ← Al expediente completo
La valla fronteriza entre Ceuta y Marruecos.

Xemenendura — Wikimedia Commons (CC BY-SA 3.0) · ficha original en Wikimedia Commons ↗

Crisis migratoriaEstado de derechoGravedad baja · 4/10

Las devoluciones exprés a Marruecos tras los saltos de valla de Ceuta y Melilla

Agosto – octubre de 2018 · 2018

En agosto de 2018 la Policía entregó a Marruecos, en menos de un día, a las personas que acababan de saltar la valla de Ceuta, y en octubre a 55 de las que entraron en Melilla. El Defensor del Pueblo revisó los expedientes: se cumplieron las garantías formales, pero no consta que los afectados supieran que iban a Marruecos ni que entendieran cómo pedir asilo.

Qué ocurrió

En el verano de 2018 aumentaron los saltos a las vallas de Ceuta y Melilla. El 26 de julio más de seiscientas personas entraron en Ceuta con violencia contra los agentes. En agosto, tras un nuevo salto, el Gobierno recurrió a un acuerdo de readmisión firmado con Marruecos en 1992: el 23 de agosto, menos de un día después de su llegada, la Policía Nacional entregó a las autoridades marroquíes, por el paso fronterizo, a quienes habían entrado. Interior habló de 116 devoluciones, tramitadas una a una con abogado e intérprete; los expedientes que examinó después el Defensor del Pueblo son 114. Según esa institución, era la primera vez que Marruecos aceptaba por esa vía a personas que no eran marroquíes. El 22 de octubre se repitió en Melilla: de las 209 personas que habían saltado la valla el día anterior, 55 fueron devueltas y unas 140 pidieron asilo y se quedaron.

Técnicos del Defensor del Pueblo revisaron sin previo aviso los expedientes de Ceuta en septiembre. Concluyeron que se habían cumplido las garantías formales —abogado, intérprete y lectura de derechos—, pero que eso no se tradujo en garantías reales. Ni los abogados ni los afectados sabían que la devolución sería a Marruecos y en las horas siguientes, y las resoluciones ni siquiera mencionaban el acuerdo de 1992: hablaban de devolver a cada persona a su «punto de origen». Los datos de identidad eran los que cada uno dio de palabra, sin más comprobación. No se pudo verificar que se informara a nadie de forma comprensible de su derecho a pedir protección internacional, lo que a juicio del Defensor comprometió el principio de no devolución. En uno de los expedientes constaba un informe médico que prescribía reposo absoluto durante siete días, y esa persona fue devuelta igualmente.

En Melilla, en noviembre, la conclusión fue parecida. Todas las entrevistas con el abogado se hicieron con intérprete de francés, pero las personas que seguían en el centro de acogida no entendían ese idioma: el Defensor tuvo que entrevistarlas en bambara. Ninguno de los 55 devueltos pudo dar poder a su abogado para recurrir, aunque todos habían manifestado que querían hacerlo, lo que en la práctica impidió el recurso judicial. A diferencia de Ceuta, algunos letrados sí dejaron constancia de su desacuerdo con la entrega a Marruecos.

El Gobierno sostuvo que actuó conforme al acuerdo bilateral y con asistencia letrada individual. La Secretaría de Estado de Seguridad respondió al Defensor, que en su informe de 2019 mantuvo sus objeciones —también que la devolución de la persona con el informe médico no se ajustó a derecho— y cerró la actuación «con diferencia de criterio». Son conclusiones de una institución de supervisión, no una sentencia: en las fuentes consultadas no consta ninguna resolución judicial sobre estas dos operaciones. Tras la entrega, un tribunal marroquí condenó a dos meses de cárcel a 18 de los devueltos desde Ceuta, y se desconocía el paradero de los demás. Estos hechos son distintos de las devoluciones en caliente de 2014 que juzgó Estrasburgo, de los menores de Ceuta de 2021 y de la tragedia de Melilla de 2022, que tienen ficha propia. Las operaciones las ejecutaron la Policía y las Delegaciones del Gobierno, dependientes de Interior; ninguna fuente atribuye una orden personal al presidente.

Cronología interna

26 de julio de 2018
Más de seiscientas personas saltan la valla de Ceuta, con violencia contra los agentes.
23 de agosto de 2018
La Policía entrega a Marruecos, en aplicación del acuerdo de 1992, a las personas que acababan de saltar la valla de Ceuta.
Septiembre de 2018
El Defensor del Pueblo revisa sin previo aviso los expedientes de Ceuta. En Marruecos, 18 de los devueltos son condenados a dos meses de cárcel.
21-22 de octubre de 2018
Saltan la valla de Melilla 209 personas; al día siguiente 55 son devueltas a Marruecos y unas 140 piden asilo.
Noviembre de 2018
El Defensor examina los expedientes de Melilla y entrevista a quienes siguen en el centro de acogida.
2019
El Defensor mantiene sus objeciones y cierra la actuación de Ceuta con diferencia de criterio con la Administración.

Fuentes y referencias

Defensor del Pueblo · Fuente oficial «Informe anual 2018 (apartado de Migraciones: expulsiones y devoluciones)» 2019 · Ver fuente original ↗
Defensor del Pueblo · Fuente oficial «Informe anual 2019 (seguimiento de las devoluciones de Ceuta y Melilla)» 2020 · Ver fuente original ↗
RTVE «España devuelve a Marruecos a los 116 inmigrantes que saltaron la valla de Ceuta» 23/08/2018 · Ver fuente original ↗
RTVE «Marruecos condena a cárcel a 18 subsaharianos de los 116 expulsados de España» 12/09/2018 · Ver fuente original ↗
RTVE «España devuelve a Marruecos a 55 de los 209 migrantes que saltaron la valla de Melilla el domingo» 22/10/2018 · Ver fuente original ↗

Otros casos del expediente

Crisis migratoria · Política exteriorLa entrada masiva en Ceuta de julio de 202630 de julio – septiembre de 2026 Crisis migratoria · Investigación judicialEl informe del CENIF sobre Ceuta y la disputa por sus conclusionesJulio – septiembre de 2026 Estado de derecho · Investigación judicialEl hostigamiento a la jueza que instruía la causa del hermano de Sánchez2025 – octubre de 2026 Estado de derecho · InteligenciaCrisis Pegasus: espionaje a líderes independentistas y cese de la directora del CNIAbril – mayo de 2022

Nota de rigor: esta ficha distingue entre hecho confirmado, decisión política, investigación judicial y condena firme. Una investigación o imputación no implica culpabilidad. La puntuación de gravedad es una valoración editorial de este proyecto, no una valoración judicial. Cada dato puede comprobarse en las fuentes enlazadas.